INSÓLITO: Se desconoce la identidad de las personas que realizaron las auditorías de pensiones en San Ignacio
MISIONES.UNO | Operativo de revalidación de pensiones por discapacidad en San Ignacio se van conociendo más detalles: el trámite se hizo en un lugar improvisado, sin personal identificado y con constancias sin membrete oficial que incluían firma y sello adulterados del Dr. Leandro Peñaloza, quien ya denunció el hecho.
La semana pasada se realizó en San Ignacio un operativo de revalidación de datos para beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad que dejó múltiples interrogantes. Los asistentes denunciaron que quienes recepcionaban la documentación no exhibían credenciales ni identificación oficial.
El procedimiento se llevó a cabo en un restaurante abandonado, a cielo abierto, un ámbito improvisado que no reunía condiciones adecuadas para este tipo de trámites. Allí, varias personas recolectaron carpetas y formularios de los beneficiarios sin portar distintivos que acreditaran su función o pertenencia institucional.
Según publicó Misiones Online, Fernando Cejas se presentó como responsable de las auditorías de pensiones por discapacidad en Misiones. No obstante, el resto del equipo que operó en San Ignacio no estaba identificado, lo que incrementó la incertidumbre sobre su rol y legitimidad.
Otro elemento que encendió alarmas fue la entrega de comprobantes a los asistentes: se trataba de papeles con el título “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS”, sin membrete oficial y con firma y sello adulterados del Dr. Leandro Hipólito Peñaloza. Este profesional es cardiólogo, reside en Pergamino (provincia de Buenos Aires) y, de acuerdo con lo confirmado a Misiones Online, el 1 de septiembre radicó una denuncia judicial tras ser alertado de la situación.
Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre la pertenencia institucional de las personas que recibieron la documentación: no se precisó si integraban la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), si actuaban por contratación municipal o si respondían a otra organización. La incógnita central permanece abierta: quiénes llevaron adelante y bajo qué autoridad el operativo realizado en San Ignacio.
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