Desde este jueves y hasta el 27 de diciembre, el Congreso debatirá seis proyectos clave, incluyendo reformas políticas y la ley antimafia, mientras se omiten temas críticos como el presupuesto y la regulación de candidatos condenados por corrupción.

El Gobierno nacional ha convocado a sesiones extraordinarias del Congreso, que se llevarán a cabo desde este jueves hasta el 27 de diciembre. A pesar de las presiones de aliados de la oposición y de gobernadores, el temario excluye tanto el Presupuesto 2025 como la ley de Ficha Limpia, que busca inhabilitar a quienes han sido condenados por corrupción para ocupar cargos públicos.

Durante estas semanas, se abordarán seis proyectos, entre los que destacan la limitación de fueros que protegen a diputados y senadores de ser detenidos antes de una condena, la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la modificación del régimen de financiamiento de partidos políticos, la ley antimafia impulsada por Patricia Bullrich, y el juicio en ausencia. Las reformas sobre financiación y las PASO serán prioritarias para el Poder Ejecutivo.

Desde la Casa Rosada, se argumenta que la eliminación de las PASO tiene como objetivo reducir el costo fiscal de las elecciones y restaurar su función original como “gran encuesta nacional”. En cuanto al financiamiento político, se propone una modificación a la Ley N° 26.215 para que las campañas no dependan exclusivamente del Estado, permitiendo también el financiamiento privado bajo controles más rigurosos.

Sin embargo, estas iniciativas no cuentan con el respaldo del PRO, que propone su propia reforma para hacer las primarias no obligatorias, ni de la UCR. A pesar de ello, el oficialismo confía en que algunos sectores del peronismo y otros bloques provinciales puedan aportar los votos necesarios.

Por otro lado, la ley antimafia, que ya cuenta con media sanción en Diputados, tiene como objetivo aumentar las penas para los miembros de organizaciones criminales, enfocándose en el narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas. Esta iniciativa establece penas de 8 a 20 años de prisión por mera pertenencia a estas organizaciones.

Finalmente, el proyecto de juicio en ausencia busca que los procesos judiciales continúen incluso si el acusado no se presenta ante el tribunal, un mecanismo que podría haber sido útil en casos como el atentado a la AMIA, donde los acusados nunca fueron detenidos.

La convocatoria a sesiones extraordinarias fue mantenida en suspenso hasta la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, y el oficialismo también considera enviar el pliego del nuevo embajador en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.