El Gobierno nacional ha implementado un nuevo régimen que autoriza a civiles la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas, prohibidas desde 1995 bajo el mandato de Carlos Menem. Esta medida fue oficializada mediante el Decreto 397/2025, firmado por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
La normativa introduce un “régimen de autorización especial” que permite a los usuarios legítimos adquirir y poseer armas semiautomáticas con cargadores extraíbles, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto, derivadas de armas militares de calibre superior al .22 LR. Hasta ahora, estas armas estaban restringidas a las fuerzas armadas y de seguridad bajo el decreto 64/95, que también creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
El decreto subraya la necesidad de equilibrar la adquisición de estas armas con la seguridad pública. Destaca que la doctrina de ANMAC sobre autorizaciones ha sido extensa, y que es necesario reevaluar los mecanismos de control para las armas semiautomáticas.
Para acceder a estas armas, los usuarios deberán demostrar “usos deportivos probados” y cumplir con los requisitos que establezca ANMAC. Este cambio se suma a otras flexibilizaciones en políticas de armas por el gobierno de Milei. En 2024, se redujo la edad mínima para obtener la Credencial de Legítimo Usuario de 21 a 18 años. Además, en mayo se implementó un procedimiento de “Tenencia Express” para agilizar permisos de armas y municiones.
Actualmente, la obtención de la credencial requiere un trámite presencial, pero se espera que esté disponible digitalmente en breve. El proceso incluye un formulario, examen psicofísico, prueba de idoneidad de tiro, ausencia de antecedentes penales y el pago de una tasa de $5.000.
Según datos oficiales, en Argentina hay 260.348 usuarios legítimos con 739.124 armas registradas, un promedio de tres armas por usuario. Existen también 479.225 permisos vencidos, relacionados a 814.608 armas registradas previamente, cuyo paradero actual se desconoce.
El gobierno argumentó que la normativa previa, vigente por más de tres décadas, necesitaba revisión para actualizar los controles de armas. Sostiene que es crucial equilibrar la adquisición de armas semiautomáticas con la seguridad pública, destacando que la doctrina administrativa de ANMAC ha variado, aplicando criterios más restrictivos en las últimas décadas para limitar al mínimo la concesión de permisos.
