Gobernadores de la coalición opositora buscan un encuentro con el jefe de Gabinete y el ministro de Economía para destrabar la aprobación de la ley de gastos y recursos, mientras los bloques opositores preparan una sesión para derogar un decreto de canje de deuda.

Los mandatarios de Juntos por el Cambio han reiterado la urgencia de reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de avanzar en la aprobación de la ley de gastos y recursos para el año próximo. A medida que los gobernadores de esta coalición y otros provinciales esperan la reanudación de las discusiones con el Gobierno sobre el Presupuesto 2025, los bloques opositores más críticos buscan convocar una sesión para tratar la derogación de un decreto relacionado con el canje de deuda.

A pesar de que la negociación podría llevarse a cabo en las próximas horas, aún no hay una reunión programada para abordar el Presupuesto, cuyo tratamiento fue suspendido por el oficialismo debido a la falta de consenso con los bloques dialoguistas. Si se alcanzara un acuerdo, la ley sólo podría ser considerada en sesiones extraordinarias.

La Unión Cívica Radical (UCR) había solicitado previamente la reactivación de las conversaciones sobre la ley de gastos y recursos, un pedido que fue renovado por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Este último enfatizó la necesidad de aprobar el presupuesto y evitar la prórroga del actual, advirtiendo que operar sin un presupuesto definido implica carecer de previsibilidad.

Torres argumentó que es posible construir los consensos necesarios en el Parlamento, desestimando la idea de que la falta de apoyo provenga de otros espacios políticos. También subrayó la importancia de cumplir con las obligaciones legales, como las cajas previsionales, que, según él, son esenciales para la calidad institucional.

Los gobernadores han planteado cinco demandas clave: redirigir el 2,55% del impuesto a los combustibles hacia la masa coparticipable, financiar los déficits de las cajas previsionales, destinar parte del 1,9% de la recaudación de la ex AFIP a la coparticipación, compensar el Pacto Fiscal del 2017 y distribuir Aportes del Tesoro Nacional no utilizados.

Hasta el momento, el Gobierno ha rechazado estas solicitudes, argumentando que comprometen el equilibrio fiscal y representarían un costo de aproximadamente 3.700 millones de dólares. Sin embargo, los bloques dialoguistas creen que estos costos podrían ser compensados con una disminución de los gastos tributarios.

El propio Francos ha advertido que cualquier modificación a la propuesta presentada en el Presupuesto dificultaría el acuerdo. La continuidad de esta negociación es crucial, especialmente con la posibilidad de que el quórum necesario para la sesión solicitada por los bloques opositores se logre si no hay avances en las conversaciones.

La oposición, liderada por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, ha indicado que puede reunir entre 90 y 94 legisladores, junto con representantes de otros bloques, lo que les permitiría alcanzar el quórum necesario para debatir la derogación del decreto de canje de deuda. En la fallida sesión del 12 de noviembre, la oposición no pudo contar con la presencia de varios legisladores clave, lo que ahora podría cambiar en caso de convocarse nuevamente.

Con info de NA