Primera condena efectiva por la caza de un yaguareté marca un hito nacional
MISIONES.UNO | Cuatro hombres fueron condenados a dos años de prisión por cazar y carnear un yaguareté en Ibarreta; además deberán pagar $20 millones y realizar una capacitación. Es la primera pena efectiva en el país por un Monumento Natural y sienta un precedente, con pruebas surgidas de redes sociales y una especie reducida a unos 250 ejemplares.
A veinte años de la primera denuncia por venta ilegal de una piel en Tigre, la Justicia Federal de Formosa dictó la primera condena de prisión efectiva en Argentina por la muerte de un yaguareté, especie declarada Monumento Natural Nacional y en peligro crítico de extinción. El fallo, emitido el 14 de agosto, alcanza a cuatro hombres que cazaron y carnearon a un ejemplar en Ibarreta: recibieron dos años de prisión, capacitación obligatoria sobre convivencia con la especie y el pago de $20 millones en total (cinco millones cada uno) destinados al Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa para un Programa de Conservación Nacional del Yaguareté.
El juez federal Pablo Morán, titular del Juzgado N.º 1 de Formosa, subrayó en los fundamentos que la muerte del yaguareté daña el patrimonio biocultural y compromete el derecho de las futuras generaciones a un ambiente sano, destacando el rol clave del felino en el equilibrio ecosistémico. En su resolución tuvo peso la evidencia: los cazadores difundieron imágenes del animal carneado en redes sociales, lo que permitió identificarlos rápidamente.
Tres de los condenados cumplen arresto domiciliario con salidas laborales y uno recibió la pena en suspenso. Aunque la Ley 22.421 prevé de cuatro meses a tres años de prisión para la caza de fauna protegida —penas que suelen quedar en suspenso—, en este caso el tribunal dispuso cumplimiento efectivo por el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación: los acusados estuvieron prófugos durante un mes y no se hallaron el arma ni el cuero del animal.
La Fundación Red Yaguareté, querellante junto a la Administración de Parques Nacionales y la Fiscalía de Formosa, celebró el precedente pero pidió que sea el inicio de un cambio más amplio. Su director, Nicolás Lodeiro Ocampo, reclamó penas más severas y un plan de convivencia entre comunidades y yaguaretés, al advertir que sin esa estrategia la especie podría extinguirse. Se estima que hoy quedan alrededor de 250 ejemplares en el país.
El caso abre interrogantes sobre la eficacia del marco legal vigente. La Ley 22.421, sancionada en 1981, contempla además la inhabilitación para usar armas por cinco a diez años. Tras el fallo de Formosa, el diputado nacional Damián Arabia (PRO) presentó un proyecto para agravar las penas a un rango de cuatro a ocho años de prisión, lo que implicaría cumplimiento efectivo.
El contexto investigativo muestra una problemática sostenida. La UFIMA registró 45 actuaciones preliminares vinculadas al yaguareté entre 2010 y 2023, con foco de caza en el Norte (Salta, Formosa y Misiones) y mercado de comercialización en Buenos Aires y CABA; la ONG Red Yaguareté sigue más de 75 causas y advierte subregistro. En 2019, la SAREM elevó la categoría del yaguareté a “Peligro Crítico de Extinción”. En paralelo, fuerzas especializadas como la PFA y unidades ambientales de CABA realizaron operativos recientes, incluido el secuestro de más de 120 prendas de especies protegidas en Villa Crespo.
Para el juez Morán, la sobrecarga judicial suele relegar los delitos ambientales, pero el caso Ibarreta sienta un precedente: no revive al animal, dijo, pero envía una señal de castigo y de protección a una especie clave para la biodiversidad argentina.